Las multas aplicadas a las Isapres son menores al 1% de sus utilidades, no señala la economista Paola Parra en su columna donde expone datos de sus investigaciones: Con gran bombo y platillo el Ministro de Salud junto con el Superintendente dieron a conocer las multas que se le habrían cobrado a las Isapres, en su gran mayoría por exceso de cotizaciones o excedentes que fueron mal cobrados. Lo que les jugó en contra es que unos días atrás se dieron a conocer las utilidades de las Isapres las cuáles habían aumentado en un casi un doble de un año al otro. Estas fueron $45.000 millones. Muy orgullosos el Superintendente y el Ministro comentaron las fiscalizaciones que se había hecho a las Isapres y que producto de ello estas tuvieron que cancelar $ 109 millones al Estado y devolver a los usuarios $ 289 millones. La función del Gobierno está siendo perseguir a las grandes empresas que hacen suculentos negocios cobrando de más a la gente (como cualquier pillo) y como las multas son tan pequeñas les da lo mismo ya que al final lo pagan con la caja chica. Las Isapres en Chile son 5 empresas que dominan el mercado por lo que es muy fácil que se pongan de acuerdo en los precios que van a cobrar. No hay real competencia y como en este caso estamos hablando de salud, las personas van a pagar lo que sea. En economía esto se denomina un bien con una demanda inelástica, que significa que por más que el precio suba las personas no van a demandar menos. Algunos podrán argumentar que a los que no les gusta se pueden quedar en el sistema de FONASA, pero todos sabemos que es este caso la cobertura es menor que la que tienes las ISAPRES, por lo que las personas de clase media tienden a trasladarse al sistema privado. ¿Pero porque nos sorprende todo esto ahora? Siendo que todo esto está en el marco legal de nuestro país que es la actual Constitución el Estado, la cuál rige desde los 80. En el artículo 19 (donde están los derechos que el Estado asegura a los ciudadanos), en el numeral 9 dice: “El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo”. El Estado no asegura la salud como un derecho sino que solo asegura “el libre acceso a la atención de salud”. Según esto la salud no es un bien público, sino que un servicio licitable. La salud pasa a ser una mercancía que se vende y se compra. Y como dijimos que no es un bien cualquiera, que no puedo dejar de demandarlo, como por ejemplo un televisor plasma, pago lo que sea por ese producto. Paola Parra Economista |
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